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ASESORAMIENTO ÉTICO

Desde el 1/3/2018 está vigente la Ley 27.401 que extiende la responsabilidad penal a las empresas por delitos de corrupción.

Esto significa que las empresas públicas y privadas, de cualquier tamaño y sector podrían ser imputadas y castigadas por el cometimiento de delitos de corrupción.

 

Las preguntas que deben hacerse las organizaciones que destinan parte de sus productos o servicios a licitaciones y contrataciones con el Estado son inicialmente cuatro:

1. Mi empresa, Se encuentra exenta de los riesgos de corrupción?

2. ¿Contamos con una política clara y definida que rechaza la corrupción en nuestras formas de hacer negocios cotidianamente?

3. Nuestros colaboradores, saben cómo actuar y responder ante pedidos de sobornos y pagos de facilitación?


4. ¿Conocemos en profundidad la integridad y honestidad de aquellos socios comerciales que nos acompañan en cada proyecto?

 

El Programa de Integridad instaurado por la ley 27.401:


. Posee como finalidad blindar a la empresa y a sus integrantes en todos aquellos procesos en los que interactúe con el sector público;

. Resulta un requisito obligatorio para acceder a contrataciones y licitaciones del Estado Nacional por montos que requieran la firma de Ministro o funcionario equivalente;

. Denota competitividad para aquellas empresas PyMES que forman parte de la cadena de valor de las grandes compañías (que son proveedoras del Estado Nacional);

. Mejora la reputación en base al ejercicio de un liderazgo basado en la ética y la transparencia empresarial.