Las preguntas que deben hacerse las organizaciones que destinan parte de sus productos o servicios a licitaciones y contrataciones con el Estado son inicialmente cuatro:
Mi empresa, Se encuentra exenta de los riesgos de corrupción?
¿Contamos con una política clara y definida que rechaza la corrupción en nuestras formas de hacer negocios cotidianamente?
Nuestros colaboradores, saben cómo actuar y responder ante pedidos de sobornos y pagos de facilitación?
¿Conocemos en profundidad la integridad y honestidad de aquellos socios comerciales que nos acompañan en cada proyecto?
El Programa de Integridad instaurado por la ley 27.401:
Posee como finalidad blindar a la empresa y a sus integrantes en todos aquellos procesos en los que interactúe con el sector público;
Resulta un requisito obligatorio para acceder a contrataciones y licitaciones del Estado Nacional por montos que requieran la firma de Ministro o funcionario equivalente;
Denota competitividad para aquellas empresas PyMES que forman parte de la cadena de valor de las grandes compañías (que son proveedoras del Estado Nacional);
Mejora la reputación en base al ejercicio de un liderazgo basado en la ética y la transparencia empresarial.